El Gobierno divide en dos decretos su nuevo paquete de medidas sobre vivienda para facilitar su aprobación
El Gobierno ha cerrado con Sumar un acuerdo para desbloquear las nuevas medidas en materia de vivienda y ha optado por dividir el paquete en dos reales decretos-ley que serán aprobados este martes por el Consejo de Ministros.
La decisión busca facilitar la tramitación parlamentaria de las distintas iniciativas, separando aquellas que cuentan con un mayor respaldo entre los socios de investidura de las que todavía generan discrepancias.
El primer decreto incluye las medidas que, a priori, reúnen un mayor consenso. Entre ellas figura la prohibición de los desahucios hasta 2030, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, así como la limitación de la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión hasta 2028.
También contempla la ampliación durante dos años de los contratos de alquiler vigentes cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2028.
El segundo decreto recoge una de las propuestas que más debate ha generado: la renovación automática de los contratos de alquiler, una medida que supondría, en la práctica, mantener congelados los precios de los arrendamientos. Esta iniciativa cuenta actualmente con el respaldo de los socios de izquierda, pero no tiene garantizado el apoyo del resto de grupos.
El Ejecutivo ha solicitado además la celebración de un Pleno extraordinario del Congreso este viernes, en el que pretende someter a convalidación los dos reales decretos.
Junts mantiene la incógnita
Uno de los principales interrogantes se encuentra ahora en la posición de Junts, cuyos siete diputados pueden resultar determinantes para que las medidas salgan adelante.
La formación catalana podría respaldar el primer decreto, aunque mantiene dudas sobre el segundo. Junts todavía no ha recibido los textos definitivos y ha evitado adelantar su posición hasta conocer el contenido completo.
Su portavoz en Madrid, Míriam Nogueras, había reclamado durante las negociaciones la retirada de la modificación de 34 artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), además de cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que la Administración asuma los impagos de alquiler en situaciones de vulnerabilidad.
La falta de acuerdo sobre estas cuestiones podría llevar a Junts a no respaldar el conjunto del paquete.
La división de las medidas en dos normas se planteó precisamente como una fórmula para evitar que las propuestas con mayor respaldo parlamentario quedaran bloqueadas por aquellas que generan más discrepancias.
Tras conocerse el acuerdo, el portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, aseguró que existe “margen para la esperanza”, aunque reconoció que todavía quedan aspectos por concretar. El diputado de Compromís señaló que su formación podrá responder con mayor precisión cuando disponga de los textos definitivos, ya que en ese momento aún no conocía su redacción final.
De este modo, el Gobierno afronta ahora una nueva negociación parlamentaria para conseguir los apoyos necesarios y sacar adelante las dos normas en el Congreso.
