La Ley de Nietos divide a la política española
El Ejecutivo defiende que ambas medidas amplían derechos y responden a necesidades demográficas y laborales. El Partido Popular y Vox denuncian una supuesta «ingeniería electoral» para aumentar el número de votantes antes de las próximas elecciones generales.
La política migratoria y de nacionalidad volvió a convertirse en uno de los principales ejes de confrontación en España tras las críticas del Partido Popular (PP) y Vox al Gobierno de Pedro Sánchez por la aplicación de la denominada Ley de Nietos y por el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.
Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que ambas iniciativas forman parte de una estrategia de «ingeniería electoral» destinada a ampliar el censo de votantes mediante la incorporación de nuevos ciudadanos con derecho a sufragio. Vox mantiene una posición aún más dura y ha propuesto revisar el voto de los españoles residentes en el exterior e incluso limitar el voto por correo desde el extranjero.
Feijóo afirma que la denominada Ley de Nietos, junto con la regularización extraordinaria de inmigrantes, podría incorporar a cientos de miles de nuevos electores en los próximos años y acusa al Ejecutivo de utilizar estas medidas con fines políticos.
La posición del Gobierno
El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza esas acusaciones y sostiene que ambas políticas responden a objetivos completamente distintos.
Respecto de la Ley de Nietos, el Ejecutivo recuerda que la medida forma parte de la Ley de Memoria Democrática, aprobada para reparar los derechos de los descendientes de españoles exiliados o emigrados que perdieron la posibilidad de transmitir su nacionalidad.
En cuanto a la regularización extraordinaria de inmigrantes, el Gobierno sostiene que busca sacar de la economía informal a cientos de miles de personas que ya viven y trabajan en España, facilitar su integración y responder a la demanda de mano de obra en diversos sectores productivos. Además, anunció programas de integración y empleo para acompañar ese proceso.
El debate sobre el impacto electoral
La controversia ha trascendido el ámbito político y llegó también a analistas y medios españoles.
Diversos expertos cuestionan que estas medidas puedan alterar de manera decisiva unas elecciones generales. El politólogo Pablo Simón afirmó que resulta «prácticamente imposible» hablar de un «pucherazo» o fraude electoral derivado de la Ley de Nietos, ya que la participación histórica del voto exterior es reducida y no existe evidencia de que los nuevos ciudadanos voten de forma homogénea por un mismo partido.
En la misma línea, periodistas como Carlos Alsina han señalado que el debate mezcla dos cuestiones diferentes: la recuperación de la nacionalidad para descendientes de españoles y la regularización administrativa de inmigrantes residentes en España, procesos jurídicamente distintos.
Un debate que seguirá creciendo
La discusión se intensifica a medida que España se acerca a un nuevo ciclo electoral. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de políticas de ampliación de derechos, integración y reparación histórica, la oposición mantiene que ambas decisiones podrían modificar el censo electoral y convertirse en un factor político de peso durante la campaña.
La controversia tiene además una fuerte repercusión en América Latina, especialmente en Argentina, donde cientos de miles de descendientes de españoles han iniciado trámites para obtener la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
