El presidente de Ceuta afirma que aún hay entre 3 mil y 5 mil migrantes ilegales en el territorio
Ceuta comienza a recuperar poco a poco la normalidad después de la entrada masiva de varias decenas de miles de personas registrada el pasado jueves. Con la mayor parte de los comercios nuevamente abiertos y los vecinos retomando sus actividades habituales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estiman que unas 73.500 personas migrantes ya han abandonado la ciudad autónoma y han regresado a Marruecos.
Sin embargo, el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ha situado entre 3.000 y 5.000 el número de migrantes que permanecen todavía en la ciudad, aunque el Gobierno central reduce esa cifra hasta unas 2.500 personas.
La dimensión humana de la crisis sigue siendo especialmente dramática. Hasta el momento se ha confirmado el hallazgo de 88 cadáveres en la ruta hacia Ceuta, a los que se suman una veintena de cuerpos localizados en el lado marroquí de la frontera. En total, más de un centenar de fallecidos convierten este episodio en una de las mayores tragedias humanitarias registradas en la frontera entre España y Marruecos.
Mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respaldado el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del resto de los servicios de información, al tiempo que ha pedido a Marruecos que investigue «hasta el final» la actuación de las mafias que habrían organizado los cruces y de quienes pudieron facilitar esta tragedia.
En el ámbito judicial, la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado a la Policía Nacional un informe para determinar si la entrada masiva respondió a una acción coordinada o impulsada por algún grupo criminal.
Por su parte, el Gobierno de España, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado la colaboración de las autoridades marroquíes desde el inicio de la crisis para facilitar el retorno de los migrantes. Además, ha atribuido el origen de la avalancha migratoria a una intensa campaña de desinformación en redes sociales que, según el Ejecutivo, tergiversó el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 9 de julio sobre las denominadas devoluciones en caliente.
