Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz y reclama 50.000 euros por daño a su honor
El cantante Julio Iglesias ha llevado su disputa con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hasta el Tribunal Supremo. El artista presentó una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal, y solicitó una indemnización de 50.000 euros por daño moral. Con este paso, la defensa del intérprete español intensifica una batalla legal que arrastra desde comienzos de año.
El origen del conflicto se remonta a enero, cuando Díaz hizo declaraciones en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa La Hora de la 1 de RTVE, a raíz de la denuncia de dos exempleadas del cantante por presuntos delitos de abuso sexual. Esa causa fue archivada posteriormente por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según fuentes citadas por medios españoles, la vicepresidenta escribió en enero que existían «escalofriantes testimonios» de abusos sexuales y una «situación de esclavitud» en el entorno laboral del artista.
En su escrito judicial, la defensa de Iglesias exige que Díaz reconozca que sus manifestaciones vulneraron el derecho al honor del cantante y que se retracte públicamente, además del pago de la indemnización y las costas del proceso. El equipo legal del artista, liderado por José Antonio Choclán, sostiene que las palabras de la vicepresidenta trasladaron a la opinión pública una imagen de culpabilidad antes de que existiera una resolución judicial firme.
La ofensiva legal no se limita a Díaz. En paralelo, Iglesias presentó una querella en los juzgados de Madrid contra varios periodistas del diario elDiario.es, el medio que reveló la existencia de la denuncia original, incluido su director, Ignacio Escolar. El cantante los acusa de injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral, al considerar que sus informaciones contenían señalamientos falsos que buscaban dañar su imagen pública.
Antes de acudir a los tribunales, el artista había promovido un acto de conciliación para que la vicepresidenta se retractara de sus declaraciones. Sin embargo, Díaz rechazó hacerlo al considerar que sus palabras no habían lesionado el honor del cantante, lo que llevó a su defensa a formalizar la vía judicial ante el Tribunal Supremo.
El conflicto se enmarca en un episodio que sacudió a la opinión pública española a comienzos de 2026, cuando trascendió que Iglesias había sido denunciado por dos extrabajadoras por delitos de trata de personas, agresión sexual y vulneración de derechos laborales. La causa nunca llegó a juicio en España por falta de competencia jurisdiccional, un punto que la defensa del cantante utiliza ahora como argumento central para sostener que las declaraciones públicas de la vicepresidenta se adelantaron a cualquier proceso judicial.
